Boletín 2013/04/06.-Modificaciones en materia de jubilaciones

MODIFICACIONES EN MATERIA DE JUBILACIONES Jubilación anticipada Requisitos para el acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador: Se modifica la edad que ha de tenerse cumplida, que ahora ha de ser inferior en 4 años (como máximo) a la legal exigida (67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización –art. 161.1 a) LGSS- teniéndose en cuenta la aplicación a estos efectos del período transitorio - disp. trasn. 20ª LGSS-] cuando hasta este momento el requisito era tener 61 cumplidos. El cese en el trabajo ha de producirse como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral, incluidas las causas económicas, las técnicas, organizativas o de producción y se especifica para los supuestos de fuerza mayor su necesaria constatación por la autoridad laboral, se exige, para los supuestos de despido colectivo o despido objetivo del artículo 52 c) del ET, acreditar (mediante documento de transferencia bancaria o equivalente) haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de la misma o de impugnación de la decisión extintiva para poder acceder a la jubilación anticipada. La Inspección extremará, en particular, los controles sobre los supuestos en fraude de ley relativos a los despidos objetivos del artículo 52.c) ET y extinciones por fuerza mayor del artículo 51.7 ET. Se modifican los coeficientes reductores que, en función del periodo de cotización acreditado, resultan aplicables a la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación, estableciéndose la siguiente escala: Periodo de cotización Coeficiente por trimestre Inferior a 38 años y 6 meses 1,875 % Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses 1,750 % Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses 1,625 % Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,500 % Para la segunda modalidad, acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado, se modifican, al igual que en el caso anterior: Los requisitos de acceso: La edad que ha de tenerse cumplida ahora ha de ser inferior en 2 años (como máximo) a la legal exigida (67 años, 65 años o la que proceda conforme a las normas transitorias -art. 161.1 a) y disp. trans. 20ª LGSS], cuando hasta este momento el requisito era tener 63 cumplidos. El período mínimo de cotización efectiva exigido que de 33 pasa a 35 años. Los coeficientes reductores que, en función del periodo de cotización acreditado, resultan aplicables a la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación, estableciéndose la siguiente escala: Periodo de cotización Coeficiente por trimestre Inferior a 38 años y 6 meses 2% Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses. 1,875 % Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. 1,750 % Igual o superior a 44 años y 6 meses 1,625 % Jubilación parcial (contrato a tiempo parcial y contrato de relevo) La nueva regulación de la jubilación parcial, llevada a cabo a través del nuevo redactado del artículo 166 (apdos. 1 y 2) de la LGSS y de la introducción de una nueva disposición transitoria 22ª en aquel texto legal, modifica sus requisitos, en particular la reducción de jornada requerida y la edad que permite el acceso a la misma: Para los casos de acceso a jubilación parcial sin necesidad de celebración simultánea de un contrato de relevo: Respecto a la edad, se efectúa un ajuste técnico al mencionarse expresamente la aplicación gradual de la exigencia de este requisito [disp. trans. 20ª LGSS que ha de ponerse en relación con el art. 161.1.a) de aquel texto legal] (vid. dis. trans. 22ª.1 LGSS). Por lo que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo exigida se establece que debe estar comprendida entre un mínimo del 25 % y un máximo del 50 % (antes el máximo se situaba en el 75%). Para los supuestos en que se concierte simultáneamente un contrato de relevo: La edad requerida para que el trabajador a tiempo completo acceda a la jubilación parcial (hasta ahora 61 años) será la establecida en una escala (art. 166.2 LGSS), incrementándose año tras año hasta 2027 en función de los periodos de cotización acreditados en el momento del hecho causante. La reducción de la jornada de trabajo debe ser como mínimo del 25 % y como máximo del 50 % (antes 75%), o del 75 % (antes 85%) para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado indefinidamente y a jornada completa. Para estos últimos casos, el contrato de relevo indefinido y a tiempo completo deberá mantenerse al menos en una duración igual al resultado de sumar 2 años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad legal de jubilación. En el supuesto de que el contrato se extinga antes de alcanzar esa duración, el empresario estará obligado a celebrar uno nuevo en los mismos términos del extinguido y por el tiempo restante. El incumplimiento por parte del empresario de estas previsiones le hará responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial. Se deberá acreditar en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial un periodo de cotización de 33 años (antes 30), computándose, exclusivamente a estos efectos, el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año. Las previsiones de aplicación gradual de la obligación que incumbe a la empresa y al trabajador, durante el período de disfrute de la jubilación parcial, de cotizar por la base que, en su caso, hubiese correspondido de seguir prestando servicios el trabajador a jornada completa, se ven alteradas para el presente ejercicio. La base de cotización en 2013 será equivalente al 50 % de la que hubiera correspondido a jornada completa (antes 30%). Extensión de la aplicación de la jubilación parcial a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas (disp. adic. 64ª LGSS –añadida por disp. final 1ª.Cinco RDL-) para lo cual deberán: Estar incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional 4ª de la LGSS. Reducir su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el artículo 12.6 del ET, y Cumplir los requisitos establecidos en artículo 166.2 de la LGSS. Para ello, la cooperativa deberá concertar con un socio de duración determinada o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo (art. 12.7 ET), y conforme a lo previsto en el citado artículo 166 de la LGSS.

Boletín 2013/04/01.-Compatibilidad entre Pensión de jubilación y trabajo

Real Decreto-Ley 5/2013.- Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el “envejecimiento activo”

COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y TRABAJO

Con el objetivo de favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de los trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, se compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas.

Este nuevo régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación se aplica a todos los regímenes del sistema Seguridad Social, incluido el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Se podrá compatibilizar el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, cuando:

• Se haya accedido a la pensión una vez cumplida la edad legal de jubilación. No se incluyen en este supuesto las jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
• El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada alcance el 100%.

En estos casos, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 % del importe reconocido inicialmente, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

Los efectos derivados de esta situación y mientras se mantenga, además de en la cuantía en los términos que acaban de señalarse, serán:

• En cuanto a la revalorización de pensiones:
• La pensión (importe inicial más revalorizaciones acumuladas), aunque se revalorizará en su integridad, se reducirá mientras se mantenga el trabajo en un 50 %.
• No se tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima.
• Por lo que respecta la condición de la persona que combine pensión y trabajo: Mantendrá la consideración de pensionista a todos los efectos (por ejemplo, en la asistencia sanitaria).
• En relación a la cotización durante el trabajo por cuenta ajena o propia compatible con la pensión: Tanto empresarios como trabajadores cotizarán sólo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, cotización a la que se añadirá una especial del 8 % denominada “de solidaridad” que no computará para las prestaciones y que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador (6% empresario, 2% trabajador).

Una vez terminada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

Obligaciones sobre mantenimiento del empleo que, deberán tenerse en cuenta por las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación:

• No haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los 6 meses anteriores a la compatibilidad pensión-trabajo; limitación que afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 17 de marzo de 2013 (fecha de entrada vigor del RDL), y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.
• Mantener, una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes su inicio.
  La referencia a utilizar a estos efectos será el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.

Estas obligaciones de mantenimiento del empleo no se considerarán incumplidas cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.

Programa de acción social 2013

Uno de los objetivos de Vadillo Asesores Grupo es "implicarnos socialmente" retornando a la sociedad un 5% de los beneficios anualmente alcanzados.

 

Dicho objetivo se encuentra debidamente alineado con nuestra vocación de sostenibilidad y nuestro concepto de visión en materia de responsabilidad social empresarial.

 

El entorno de grave crisis económica en que nos encontramos, acualmente, debe contribuir a poner en alza el valor de la solidaridad. Es por ello que desde VAg se desea segur apostando firmemente por este camino y a pesar de las dificultades actuales.

 

Nuestro deseo es hacerles partícipe, un año más, de nuestro proyecto solidario de acción social.

Votos recogidos en el primer trimestre de 2013.

PROGRAMA	VOTOS
A NIVEL INTERNACIONAL
Ø  FUNDACIÓN INTERVIDA:	9%
Programa: "Campaña ELLA. Destinado a la concesión de becas a niñas, sin recursos, de 12 años de Burkina, El Salvador y Bangladesh, procurándoles, así, una educación: una oportunidad de cambiar sus vidas"
A NIVEL LOCAL
Ø  CÁRITAS DE ÁLAVA	16%
Programa: "Intercambio de enseres: Reutilizar es solidaridad"
Ø  ASPANAFOHA	51%
Programa: "Ayuda a las familias de niños con cáncer de Álava"
Ø  CRUZ ROJA DE ÁLAVA	24%
Programa: "Éxito escolar 2012-2013, para niños y niñas alaveses sin recursos económicos y con dificultades de aprendizaje."

En función del número de votos que cada programa acumule durante el año, procederemos a realizar nuestra aportación económica en el porcentaje correspondiente.

 

Nuestra acción solidaria no abarca únicamente la aportación económica, sino que nos implicamos asimismo en acciones de voluntariado específicas. Creemos y apostamos por ser solidarios.  Si desea disponer de mayor información al respecto, no dude en preguntar a nuestro personal o visitar nuestra web www.grupovadillo.com.

Muchas gracias por su colaboración.

Modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad

El Boletín Oficial del Estado de 23 de febrero publica el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por el que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, disponiendo que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será de 30 días naturales desde la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

 a) Fijación de los plazos máximos de pago en operaciones comerciales entre empresas del sector privado para todo tipo de productos, eliminando la posibilidad de pacto entre las partes regulada anteriormente:

• Productos de alimentación frescos y perecederos : máximo 30 días.
• Resto de productos: máximo 60 días.

Respecto a los contratos con Administraciones Públicas, el plazo estipulado para pago por parte de éstas a sus proveedores es de 30 días.

b) Punto de partida para el cómputo del plazo: La fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio, sustituyendo lo dispuesto en la ley 3/2004 que iniciaba el cómputo del plazo con la fecha de factura.

Incluso los supuestos en los que se haya previsto contractualmente la aceptación expresa de la mercancía o servicio por parte del comprador, el plazo final no puede exceder de 60 días desde la fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio.

 c) El proveedor debe remitir la factura al cliente en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio.

 d) Se establecen dos excepciones al punto de partida del cómputo del plazo de pago, en sustitución a la fecha de entrega de la mercancía o prestación del servicio:

En caso de facturación por medios electrónicos, el inicio del cómputo del plazo se establece en la fecha de recepción de la factura, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante y la recepción por el interesado

• En el caso de facturación agrupada, ésta puede comprender entregas realizadas en un plazo no superior a 15 días. Se contempla también la modalidad de facturación resumen periódica como fórmula de facturación, siendo en ambos casos preceptivo el inicio del cómputo del plazo de pago en la mitad del periodo de facturación.

Entrega cheque-ayuda apoyo escolar 2011-2012 a Cruz Roja de Álava

El 13 de abril de 2013, Jose Antonio Gomez Vadillo en representación de Vadillo Asesores Grupo, procederá a la entrega del cheque-ayuda económica al programa de apoyo escolar 2011-2012.

Esta aportación es fruto del programa de acción social de Responsabilidad Social Empresarial que VAg lleva a cabo todos los años, donando el 5% de sus beneficios.

La entrega se realizará en los locales de la Cruz Roja de Álava en C/Portal de Castilla a las 14:00h.

Boletín P2013/03/04 Inscripción en Registro de morosos

Vadillo Asesores Grupo, dentro de su política de facilitar a sus clientes información y formación sobre temas de interés para las empresas, ha desarrollado una serie de “píldoras” informativas muy breves y practicas sobre cuestiones cotidianas que se plantean en el día a día de las empresas en el ámbito de la protección de datos personales, que esperamos sean de su interés. 

Recientemente el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación en relación con una demanda interpuesta contra Caja Navarra por cesión de datos personales  de un particular a un fichero de morosos sin cumplir, a juicio de los demandantes, los presupuestos esenciales.

En los últimos meses hemos tenido tres consultas en relación con este asunto por lo que vamos a recordar brevemente los requisitos para que una inclusión en dicho registro sea correcta (estamos hablando siempre de datos de deudores personas físicas no empresarias; no de empresas que sean personas jurídicas o empresarios que sean personas físicas ya que a estos no les afecta lo que vamos a indicar).

El requisito fundamental para que al alguien le puedan incluir en un registro de morosos es:

•  que la deuda sea real, líquida y exigible.
•  que haya resultado impagada
•  que nos se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa,
•  que haya sido notificado y requerido previamente el pago.

No podrán incluirse en los ficheros de morosos  datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores.

El acreedor deberá informar al deudor, tanto en el momento en que se celebre el contrato y, como al requerirle de pago que, en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello sus datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros de morosos.

El titular del registro de morosos debe notificar a aquel cuyos datos personales hayan registrado en el fichero, en el plazo de treinta días desde dicho registro , una referencia de los  datos que hubiesen sido incluidos y se le informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos.

Además cuando el afectado lo solicite, le deberá informar también  las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.

Sólo se pueden registrar datos de deudas de una antigüedad no mayor a seis años ,  y siempre que respondan con veracidad a la situación actual del deudor.

Si se cumplen todos estos requisitos, la inclusión en el registro de morosos será correcta.

XII Encuentros del Mecanizado en Vitoria-Gasteiz

Una vez más Vadillo Asesores Grupo como patrocinadores de Aspromec, Asociación para la Competencia de los Mecanizadores,  vamos a realizar la XII jornada de Encuentros del Mecanizado, la cuál se celebrará  en Vitoria.

Os invitamos a la misma, pues consideramos que puede ser una oportunidad para compartir conocimiento y para relacionarse con personas del sector.

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés.

Para asistir al encuentro es necesaria la inscripción previa en:

www.encuentrosdelmecanizado.com

Para más información pueden contactar con nosotros en:

info@encuentrosdelmecanizado.com

Tel. 608 889 501

     

Dirección:

C/Subinoa, 3 - Polígono Industrial Goiain

01171 Legutiano (Álava)- (Sede de Intermaher)

14 de marzo de 2013 (de 10 a 15 h)

Control del empresarios de los equipos informáticos y correos electrónicos ::

 

Vadillo Asesores Grupo, dentro de su política de facilitar a sus clientes información y formación sobre temas de interés para las empresas, ha desarrollado una serie de “píldoras” informativas muy breves y practicas sobre cuestiones cotidianas que se plantean en el día a día de las empresas en el ámbito de la protección de datos personales, que esperamos sean de su interés.

En boletines anteriores ya hemos tratado el tema del control del empresario de equipos informáticos y correos electrónicos de los trabajadores. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, por lo que, por su interés, vamos nuevamente a recordar lo que establece dicho Tribunal al respecto.

El TS declara que el control del uso del ordenador facilitado por el empresario al trabajador no se regula por el artículo 18, sino por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.”

Los medios informáticos o técnicos (ordenador fijo o portátil, Smartphone, pda, tabletas, conexión a internet, software, aplicaciones …) que la empresa o empresario ponen a disposición del trabajador deben destinarse a un uso estrictamente profesional, pues son elementos de trabajo propiedad de la empresa, no pudiendo utilizarse para fines particulares.

Por ello, la vigilancia de las comunicaciones por email realizadas por el personal de la empresa o el control del tráfico de internet, tiene una finalidad legítima de control de la calidad del trabajo o protección de la empresa ante actuaciones desleales, ( fuga de la información confidencial, uso particular de los elementos de la empresa, acoso sexual, introducción de virus o espionaje industrial…)

En todo caso, según reitera el TS, auditoría y control del equipo informático, correo electrónico corporativo, acceso a Internet … puede hacerse sin vulnerar los derechos de los trabajadores, siempre que se informe previamente a los empleados y sus representantes que:

- Los medios informáticos facilitados por la empresa son medios productivos de propiedad de ésta..

-El uso de estas herramientas puede ser controlado.

- Que tipo de medidas se van a adoptar para garantizar la correcta utilización laboral de recursos para finalidades exclusivamente productivas, teniendo en cuenta que dichas medidas de control deberán llevarse a cabo en horario laboral, en presencia del trabajador y representantes de los trabajadores o, si ello no fuera posible, de otro trabajador de la empresa y respetando al máximo la dignidad e intimidad del trabajador .

Dicha información podría incluirse en las cláusulas que firmen los trabajadores en relación a la protección por parte de la empresa de sus datos personales.

Modificación del Código Penal L.O 7/2012 de 27 diciembre

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre

Con motivo de la entrada en vigor el 17 enero 2013 de la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, hemos recogido las principales modificaciones del código penal referente a defraudaciones con Hacienda y con Seguridad Social.

Defraudación a la Hacienda Pública:

Se modifica el art 305 CP. El que defraude a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, retenciones, ingresos a cuenta, u obteniendo indebidamente devoluciones o beneficios fiscales … si el importe de la defraudación excede de 120.000 € … será castigado con la pena de:

- Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.

- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. A efectos de determinar la cuantía mencionada de 120.000 €, si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a cada período impositivo o de declaración.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación.

Se establece un subtipo agravado (art 305 bis CP) para fraudes de especial gravedad (superiores a 600.000 € o cometidos a través una organización o entramado empresarial constituido al efecto).

Defraudación a la Seguridad Social:

Se modifica el art 307 del CP.

El que defraude a la Seguridad eludiendo el pago de cuotas u obteniendo indebidamente devoluciones o deducciones … si el importe de la defraudación excede de 50.000 € … será castigado con la pena de:

- Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.

- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.A efectos de determinar la cuantía mencionada de 50.000 € se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación.

Se establece un subtipo agravado (art 307 bis CP) para fraudes de especial gravedad (superiores a 120.000 € o cometidos a través una organización o entramado empresarial constituido al efecto).

Obtención indebida de prestaciones de SS:

Se introduce un nuevo art 307 ter.

Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, o la prolongación indebida de las mismas mediante la simulación, ocultación o tergiversación de hechos … será castigado con la pena de:

- Seis meses a tres años de prisión.

- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Se establece un subtipo agravado (cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o se hubiera cometido a través una organización o entramado empresarial constituido al efecto) y un subtipo atenuado (si los hechos no revisten especial gravedad a tenor de lo defraudado o de los medios empleados).

Obtención indebida de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas:

Art 308 CP. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido … en una cantidad superior a 120.000 € … O el que en el desarrollo de una actividad sufragada con fondos públicos los aplique a fines distintos en una cantidad superior a 120.000 € … Serán castigados con la pena de:

- Prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe.

- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad, aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas.

En todos los casos señalados:

SE INTENTA FOMENTAR LA REGULARIZACIÓN DE LAS DEFRAUDACIONES:

La regularización de la situación antes de la notificación del inicio de actuaciones administrativas de investigación o penales conllevará la no imposición de sanción penal alguna.

Y si es dentro de los dos meses siguientes al inicio de las actuaciones, puede conllevar la imposición de una pena menor.

Se establece que, con carácter general, la existencia del procedimiento penal no paralice la acción de cobro por parte de la administración para así incrementar las posibilidades de cobro de la deuda evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal.

Se modifican también los delitos contra los derechos de los trabajadores:

Para sancionar más gravemente el incumplimiento de la normativa laboral. Nueva redacción del art 311 CP.

Para ampliar información, pueden ponerse en contacto con nosotros 945 22 27 62

Ley 7/2012 de medidas de intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude en la inversión del sujeto pasivo

 

Fundamentalmente, la idea de esta batería de medidas es evitar determinadas circunstancias y hábitos que eran habituales en el tráfico de las empresas y empresarios, y cuya intención era eludir impuestos.

Dado que es una Ley de carácter estatal, todas aquellas medidas que tengan que ver con el IVA serán automáticamente de aplicación también en Álava y el resto de Entidades Forales. Sin embargo, todas aquellas que tengan que ver con Impuestos en los que las Entidades Forales tengan capacidad legislativa propia, por ejemplo, Impuesto de Sociedades e IRPF, de momento en Álava y el resto de Entes Forales habrá que esperar a un posicionamiento específico de estas Haciendas en dichas materias.

Respecto a las modificaciones que sí son de aplicación y afectan a Álava, cabe destacar la que tiene que ver con la inversión del sujeto pasivo en IVA, cuya principal novedad es que se amplía la lista de operaciones a las que hay que aplicar la inversión del sujeto pasivo.

NORMATIVA

Para repasar conceptos, definamos primero lo que es la inversión del sujeto pasivo en IVA, que básicamente consiste en que:

- La empresa o empresario que emite la factura por este tipo de operaciones, emitirá la factura sin IVA, y se hará constar expresamente en la factura el artículo de la norma por el que se aplica dicha regla.

- La empresa o empresario que recibe dicha factura, en la liquidación de IVA que corresponda (normalmente la que se realiza trimestralmente) declarará tanto un IVA repercutido como un IVA soportado, por importe del IVA que se hubiera producido si la operación hubiera sido una operación normal.

Como NOVEDAD, las operaciones en las que se aplicará esta regla de inversión del sujeto pasivo se han ampliado, incorporando las siguientes operaciones:

- Las ventas de inmuebles en las que se hubiera renunciado a la exención de IVA. Por ejemplo, en el caso en el que el vendedor no es empresario y el comprador sí lo es, la operación estaría sujeta al pago del Impuesto de Transmisiones. Este impuesto el comprador no se lo puede deducir. Pero si el vendedor renunciara expresamente a la exención, la venta pasaría a estar sujeta al pago de IVA, y este impuesto sí se lo puede deducir el comprador (puesto que es empresario).

- Las entregas de inmuebles efectuadas en ejecución de una garantía, por ejemplo, las daciones en pago, en las que se entrega un inmueble a cambio de la cancelación de una hipoteca existente sobre dicho bien.

- Las ejecuciones de obra (con o sin materiales) consecuencia de trabajos realizados entre promotor, contratistas o subcontratistas, para:

o la urbanización de terrenos

o la construcción

o la rehabilitación

Es decir, cualquier factura que se crucen estos 3 entes (promotores, contratistas y subcontratistas), y que tenga que ver con los hechos descritos, deberán seguir el proceso de inversión del sujeto pasivo en las condiciones descritas.

En la práctica quien haya de emitir una factura aplicando estos casos de inversión del sujeto pasivo, emitirá la factura SIN IVA, y hará constar, por ejemplo, la siguiente frase en la factura:

“A LA PRESENTE FACTURA LE RESULTA DE APLICACIÓN LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL IVA”.

CASO PRÁCTICO

Este cambio normativo de inversión del sujeto pasivo, en la práctica, en caso extremo podría tener un doble efecto que pasamos a analizar con un ejemplo.

Por ejemplo, una empresa que trabaje sólo ejecuciones de obra, y en la que:

- todos sus clientes son promotores/contratistas/subcontratistas.

- Ninguno de sus proveedores es promotor/contratista/subcontratista.

ocurrirá que:

- Todas las facturas que emite irán sin IVA.

- Todas las facturas que recibe vendrán con IVA.

En ese caso, cuando realice la liquidación trimestral de IVA, el resultado será siempre negativo, es decir, a favor de la empresa (Hacienda le debe ese IVA).

Conclusión:

- En las liquidaciones trimestrales de IVA nunca pagará un euro.

- Todo el IVA que paga a sus proveedores lo podrá recuperar, pero para ello tendrá que pedir la devolución en enero del año siguiente, y Hacienda se lo ingresará (previa revisión de todas las facturas) en los meses siguientes, por lo que el IVA pagado a un proveedor en el peor de los casos se recupera año y medio después de habérselo pagado al proveedor.

OJO: hay que añadir que en dicha revisión, dado que Hacienda revisa todas las facturas emitidas y recibidas, si localiza alguna factura “sospechosa” podría provocar una inspección más profunda.

Posible solución: hay un mecanismo que permite no tener que esperar un año a que nos devuelva dicho IVA: liquidación y devolución mensual de IVA. Esto significa que, en lugar de presentar liquidaciones de IVA una vez al trimestre, se haría una vez al mes. Esa posibilidad hay que solicitarla durante el mes de noviembre del año anterior a su aplicación, mediante la solicitud de alta en el Registro de Devolución Mensual de IVA.

Inconvenientes: fundamentalmente son de mayor trabajo a la hora de presentar las liquidaciones, puesto que:

- En vez de 4 liquidaciones al año hay que hacer 12.

- En vez de presentar sólo un modelo (mod. 303) habría que presentar 2 al mismo tiempo (mod. 303 y mod. 340).

Si necesitaran alguna aclaración sobre el tema pueden consultar con nuestro compañero LUIS MIGUEL LLAMAZARES l.m.llamazares@grupovadillo.com

 

Valoremos nuestra privacidad. Nada es gratis.

Según un artículo aparecido en el diario El Economista el 05/09/2012 las aplicaciones para móviles generan desconfianza por la falta de privacidad

SEGÚN UN ESTUDIO de PEW Internet Project el 54% de los usuarios de móviles que se bajaron aplicaciones decidieron no instalarlas cuando se dieron cuenta de la cantidad de información personal que necesitarían compartir para poder usarla. Además, un 30% de los usuarios de aplicaciones han desinstalado una aplicación que ya estaba funcionando en su dispositivo móvil porque se dieron cuenta de la cantidad de información personal que almacenaba y no querían compartir.

Y es que la cantidad de datos e incluso detalles íntimos almacenados en los teléfonos móviles es ingente y puede ser potencialmente embarazosa en las manos equivocadas. Hoy en día dichos teléfonos permiten la captura de imágenes, sonidos, texto y además aportan como datos complementarios la fecha y hora en el que estos se producen y, cuando se tiene activa, la geoposición. Estos datos complementarios pueden llegar a permitir, por ejemplo, calcular las distancias entre las posiciones de las distintas fotos para averiguar el número de kilómetros que recorre una persona y con qué diferencia de tiempo; con lo que podríamos determinar si viaja continuamente, o con un patrón determinado, por ejemplo que está 3 días de la semana laborable fuera de casa.

Hay aplicaciones software en la red “de pago” por lo que la fuente de ingresos de las empresas que las venden son las licencias de esos productos. Sin embargo cada vez es más habitual que podamos disponer de aplicaciones gratuitas que podemos usar a nuestro antojo sin que nos cueste dinero. Pero ojo: que no nos cueste dinero no significa que no tengamos que dar algo a cambio, y ese algo son nuestros datos que tienen un valor incalculable pues identifican nuestros comportamientos de ocio, de compra, nuestros intereses personales …. Todo ello queda “registrado” por lo que parémonos a pensar un poco si valoramos nuestra privacidad y si nos merece la pena “compartir” esa esfera en internet.

Ley 7/2012 modificación normativa tributaria y presupuestaria para la prevención y lucha contra el fraude

El 30 de octubre de 2012 se publícó la Ley7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Las modificaciones son las siguientes:

1. Nueva obligación de informar de cuentas y bienes opacos en el extranjero. Las rentas descubiertas se imputarán al último ejercicio no prescrito con una multa del 150% de su valor. Habrá multas de 5.000 euros por cada dato omitido y un mínimo de 10.000 euros.

2. Límite al uso de dinero en efectivo de 2.500 euros. Si se incumple habrá multa del 25% del valor del pago, que responderán pagador y receptor de forma solidaria a no ser que una de las partes denuncie.

3. Exclusión del régimen de módulos de quienes facturan menos del 50% de sus operaciones a particulares y sus rendimientos sean superiores a 50.000 euros al año.

4. La norma incrementa las multas de Hacienda a empresas y particulares en un 160%. Se pasa de sancionar con 600 eruos a los contribuyentes que se retrasen o incomparrezcan a 100.000 euros.

5. Ampliación de los poderes de Hacienda, que podrá adoptar medidas cautelares en procesos de delito fiscal sin intervención inicial de un juez. Se amplían las posibilidades de embargo. Las multas por resistencia a empresas y particulares oscilan entre 1000 y 600.000 euros.

Cualquier duda sobre la materia pueden contactar con Luis Miguel llamazares l.m.llamazares@grupovadillo.com